Latinoamérica. Los cambios tecnológicos que se avecinan tienen el potencial de revolucionar los sectores de infraestructura. Por ello, es necesario que gobiernos y sector privado de América Latina implementen intervenciones para una rápida adaptación y un aprovechamiento de los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías y reducir brechas de servicios existentes.
Esta es la tesis principal del informe “El impacto de la digitalización para reducir las brechas y mejorar los servicios de infraestructura”, publicado por CAF –banco de desarrollo de América Latina-, que también enumera los principales desafíos para lograr infraestructuras digitales equiparables a las de las economías más avanzadas.
Entre los principales cuellos de botella destacan la adaptación de las regulaciones a los nuevos formatos y usos tecnológicos, como la gestión de los datos o la convergencia entre sectores. En este sentido, las nuevas tecnologías establecen nuevos roles o actividades para agentes ya existentes en el mercado o plantean una redistribución de las actividades. En energía eléctrica, por ejemplo, los beneficios de la red eléctrica inteligente serían mejor aprovechados con una separación de la distribución y la comercialización. En transporte urbano, el otro sector priorizado en el informe, la digitalización puede generar cambios en la forma movilizar las personas, de cobrar y pagar por los viajes, así́ como la integración tarifaria entre sistemas y medios de transporte.
Principales hallazgos
Según detalla el informe, en cuanto a la brecha de servicios en el sector de la energía eléctrica, los problemas se concentran principalmente en la dimensión de calidad, con índices de interrupciones (en frecuencia y duración) que triplican los valores de Europa y duplican los de Estados Unidos, aunque existe heterogeneidad entre países. También se identifican deficiencias en la dimensión de pérdidas del sistema (duplicando los niveles de EE.UU., la Unión Europea y Australia), mientras que la composición de la matriz energética de los países latinoamericanos, donde la hidroelectricidad tiene una importante participación, permite que los costos no sean elevados.
Más allá de los costos de producción, en muchos casos las tarifas representan un porcentaje del ingreso mucho mayor que en Estados Unidos o Europa. Por último, el acceso es prácticamente universal, aunque existen algunos rezagos en las zonas rurales. Por su parte, en el sector del transporte urbano de pasajeros, el reporte identifica diferentes elementos que hacen que la brecha de servicio tenga un componente importante referido a debilidades en el acceso y calidad.
En cuanto a las oportunidades, el informe confirma que los cambios tecnológicos que se avecinan tienen el potencial de revolucionar los sectores de infraestructura. Los esquemas regulatorios aún requieren de actualizaciones para incorporar las nuevas tecnologías. Una tarea clave del Estado es supervisar que los entes reguladores presten la debida atención a la seguridad de la información individual y a los problemas de ciberseguridad y de resiliencia de los sistemas eléctricos y de transporte frente a ataques u otras eventualidades.
Los riesgos de transmisión del COVID-19, especialmente en medios cerrados, como vehículos de transporte colectivo o el metro, con espacio limitado, escasas herramientas de control para identificar pasajeros enfermos o con falta de aseo y limpieza de superficies, trajeron a escena una nueva dimensión de la seguridad: la bioseguridad. La digitalización brinda nuevas oportunidades para resolver estos problemas.
La infraestructura no solo tiene el potencial de contribuir al crecimiento de la economía y la competitividad de las empresas, la integración del espacio nacional y regional y la diversificación del tejido productivo, sino que también ayuda a la inclusión social y la protección del medio ambiente, mejorando así la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
Para acceder al informe completo, haga clic aquí.
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